El 24 de mayo, RAICES, Arent Fox LLP y Aldea PJC presentaron una demanda en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas en nombre de un grupo de 26 demandantes -13 niños sin ciudadanía y sus 13 padres sin ciudadanía- que huyeron de la violencia que amenazaba la vida en sus países de origen para buscar asilo en Estados Unidos.
En junio de 2018, el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de California de Estados Unidos emitió una orden preliminar a nivel nacional que prohibía al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos separar a las familias y exigir la reunificación de esas familias anteriormente separadas. Los demandantes fueron inicialmente separados por el Departamento de Seguridad Nacional, reunificados de conformidad con la orden judicial, y detenidos en el Centro de Detención Karnes en la ciudad de Karnes, Texas, dirigido por el demandado The GEO Group, Inc. Los contratistas federales, como la empresa privada de prisiones GEO Group, son contratados por el gobierno federal para administrar centros de detención en los que se mantiene a las personas indefinidamente en espera de que se resuelvan sus solicitudes de inmigración.
Dos meses después de la orden judicial federal, y en violación directa de esa orden, GEO sancionó la re-separación ilegal de estos trece hijos de sus padres. Sin previo aviso, GEO permitió que hombres armados sacaran a la fuerza a los padres de sus habitaciones en el Centro de Detención de Karnes utilizando chalecos antibalas, escudos, rodillas, botas, cascos, equipo de gas lacrimógeno y armas de fuego. GEO luego cargó a los padres, sin sus hijos, en los autobuses y los transportó al Complejo de Detención del Sur de Texas que GEO también opera en Pearsall, Texas, a casi dos horas de distancia. Los padres gritaban y lloraban fuerte por sus hijos. Otros vomitaron sangre y sacudieron incontrolablement. Debido a que GEO les dijo a los padres que nunca volverían a ver a sus hijos y todas las circunstancias parecían confirmarlo, un padre intentó suicidarse.
GEO se negó a informar a los padres de los lugares en que se les estaba llevando, de las razones por las que se les estaba separando de sus hijos, de dónde se encontraban sus hijos, de si sus hijos estaban a salvo y de quién se encargaría de ellos. GEO también dijo a los padres que serían deportados sin sus hijos, que sus hijos serían adoptados por familias que viven en Estados Unidos, y que nunca más volverían a ver a sus hijos.
«Las acciones de GEO hicieron que los padres y sus hijos sufrieran gran angustia y trauma», dijo Julius A. Rousseau, III. «Las acciones de GEO hicieron que los padres creyeran razonablemente que serían detenidos indefinidamente y que nunca volverían a ver a sus hijos. Hoy, buscamos alivio para el trauma que estas familias sufrieron y siguen sufriendo.»
«GEO traumatizó intencionalmente a las familias que vinieron a Estados Unidos buscando refugio. Estas valientes familias buscan justicia y responsabilidad por las atroces acciones llevadas a cabo por el Grupo GEO, Inc., una empresa privada de prisión», dijo el Director de Litigación de la RAICES, Manoj Govindaiah.
«Cuando GEO recibió a estos padres y hijos, lo hicieron plenamente conscientes del profundo trauma que estas familias sufrieron como resultado de su separación inicial. Sabían que la separación era ilegal. Sabían que estos niños eran extremadamente frágiles, y que su miedo a una separación permanente era todavía muy real. Luego GEO los separó violentamente otra vez, mostrando un cruel desprecio por la ley y la salud mental y física de las familias. La conducta del GEO tendrá un impacto permanente en estas familias. Deben rendir cuentas», dijo Bridget Cambria, Director Ejecutivo de Aldea PJC.
Los demandantes solicitan un juicio por jurado para abordar todas las reclamaciones presentadas en la demanda y la reparación de los daños compensatorios, incluidos los sufrimientos emocionales, los traumas psicológicos y la angustia mental.
Los demandantes están representados por RAICES, Arent Fox LLP y Aldea PJC.
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