Hoy nos unimos a los solicitantes de asilo y aliados para luchar por una orden judicial a nivel nacional para detener los ataques ilegales de la administración Trump al proceso de asilo. A continuación se muestra el comunicado de prensa. El 3 de diciembre de 2019 compareceremos ante la corte para una discusión oral.
Un grupo de solicitantes de asilo y el Centro para la Educación y los Servicios Legales para Refugiados e Inmigrantes (RAICES, por sus siglas en inglés), representado por Democracy Forward y la Red Católica de Inmigración Legal (CLINIC, por sus siglas en inglés), rechazaron la oposición de la administración Trump a su solicitud de una orden preliminar a nivel nacional en un caso que cuestiona varias directivas de política recientemente implementadas que eliminan protecciones para familias que huyen la persecución. Los grupos sostienen que las directivas son ilegales porque violan las leyes federales de inmigración, la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de Rehabilitación, y fueron emitidas por un funcionario de Trump designado ilegalmente, Ken Cuccinelli. Las directivas son otro ejemplo de la animosidad de la administración hacia los solicitantes de asilo, particularmente los solicitantes de asilo de color.
El expediente también destaca que la administración justificó su implementación de las directivas con un memorando de 2 páginas que simplemente se refería a la «situación en la frontera suroeste» sin ninguna explicación o evidencia justificativa de por qué las directivas eran necesarias.
Además, la demanda judicial del lunes refuta la posición de la administración de que la Ley Federal de Reforma de Vacantes permite al presidente designar a prácticamente cualquier persona que quiera ejercer un papel interino para un cargo confirmado por el Senado, negando al Senado su papel constitucional en la aprobación de funcionarios de alto nivel de la administración. Después de que el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, prometió bloquear la confirmación de Cuccinelli de cualquier papel en la administración Trump, el presidente terminó con la ley dando el extraordinario paso de crear una nueva oficina para Cuccinelli con el fin de instalarlo como jefe interino del USCIS.
«Los antecedentes administrativos confirman que la administración Trump retiró las protecciones legales de los solicitantes de asilo sin ninguna justificación o evidencia justificativa», dijo el abogado de Democracy Forward John Lewis. «La administración insensata quebrantó la ley al servicio de una agenda xenófoba, y el director interino de la USCIS, Ken Cuccinelli, dirigió el proceso de manera ilegal».
Las directivas hacen que a los solicitantes de asilo les resulte más difícil demostrar que tienen un «temor creíble» de regresar a su país de origen, incluso negándoles ilegalmente tiempo suficiente para consultar con un abogado u otros terceros antes de su entrevista de «temor creíble». Hay mucho en juego; la entrevista de «miedo creíble» puede ser la diferencia entre la vida o la muerte si el inmigrante se ve obligado a regresar a una patria peligrosa donde podría temer, entre otras cosas, persecución por parte del gobierno, abuso físico o sexual de una pareja doméstica, o violencia de bandas criminales transnacionales.
La respuesta del grupo en apoyo de su moción de mandato judicial preliminar fue presentada el 28 de octubre de 2019 en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia. Los grupos comparecerán ante la corte para su discusión oral el 3 de diciembre de 2019.
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